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El atún que acabó con el monopolio de la defensa

17 sep 2009

El desarrollo de la piratería en Somalia ha forzado en España a una regulación que abre la puerta a las empresas militares privadas. ¿Es el buen camino? ¿Debe el estado defender el monopolio del ejercicio de la defensa o por el contrario regularla guardándose un rol fiscalizador?

La economía de la piratería tiene una lógica implacable. Defender los atuneros vascos de los piratas somalíes cuesta una fortuna a cualquier ejército nacional. Y no son pocos los que piensan que setenta y cinco millones de euros son una subvención quizá excesiva para unas empresas cuyas prácticas en caladeros no vigilados parecen contradecir los esfuerzos globales por evitar la extinción del atún.

La alternativa del gobierno de España ha sido incluir una excepción en la ley de seguridad privada que permitirá a los buques bajo bandera española dotarse de servicios militares privados. En los hechos el gobierno ha venido a decir a los armadores que si el beneficio es privado, que el coste de defensa se privatice también. Un razonamiento que ha enfurecido por igual a nacionalistas españoles y vascos.

No es de extrañar. Como recordaba Juan Urrutia estamos ante el

desvanecimiento del estado (pos)moderno debido a la delegación de la violencia en manos privadas como único medio de seguir mandando por parte de aquellos que no se resignnan a perder el poder, pero no pueden mantenerlo ante la proliferación de enemigos

Volvemos al punto de partida del estado moderno, en el que el estado no disponía ni mucho menos del monopolio del ejercicio de la violencia, aunque regulara su uso mediante patentes y encargos en la arena global. Desde la conquista de Canarias por Bethancourt a la del imperio azteca por Cortés o la del inca por Pizarro, el estado administró la legitimidad de sus contratistas militares bajo concesiones, regulaciones y acuerdos.

La desterritorialización y desestatalización de la política global obligan a volver a una situación similar. La cuestión es cómo. Y seguramente reformas parciales, un tanto vergonzantes y surgidas como parches a situaciones políticas insostenibles no sean el mejor camino.

Si aceptamos la inevitabilidad de un ecosistema militar plural podremos aún reservar al estado un papel regulador y fiscalizador que garantice un control público y permita mantener si no ya el monopolio de la defensa, si el monopolio de la política de defensa. Algo que en España -aunque parezca paradójico- es reclamado por las propias empresas.

Es más, basta con acercarse a las webs de los primeros operadores de bandera española para darse cuenta de que los servicios de formación, entrenamiento, innovación tecnológica, soporte y escolta en acciones internaciones del estado, representan uno de los principales mercados de futuro de estas empresas. Si lo pensamos un poco, imaginando por un momento escenarios como el afgano, entenderemos por qué hay ya decenas de miles de contratistas militares privados en Iraq: no hay ejército preparado para llevar a cabo las misiones masivas de escolta que requieren las obras públicas y el reparto de ayuda humanitaria en territorios donde el estado es inoperante.

La dificultad hoy del estado está en pasar de monopolio absoluto a ordenador y regulador de un marco neo-renacentista donde la defensa es una industria más. Si es capaz de hacerlo con luz y taquígrafos, reconociendo sus propias limitaciones, el peso de los costes económicos y sobre todo su propio cambio de rol, el resultado fortalecerá sus objetivos globales. Pero si niega la necesidad para luego ceder ante ella por la puerta trasera, los contratados serán los piratas, que acabarán vendiendo protección a unos y ofreciéndose como corsarios a otros.

La alternativa es redefinirse o descomponerse. Administrar la legitimidad democrática al modo en que Fernando el Católico administró la monárquica o perderla en una espiral desastrosa como aquella en la que estamos viendo caer a los EEUU.

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